En menos de un año, el Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha aprobado por segunda vez una moción unánime para exigir a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos una intervención inmediata que frene el deterioro del servicio postal en el municipio. La sesión, correspondiente al mes de agosto, contó con el respaldo de todos los grupos políticos —PP, PSOE, Vox y Con Andalucía— y se centró en la necesidad de reforzar la plantilla y los medios de la unidad de reparto local.
Según datos aportados durante el debate, se estima que alrededor de 30.000 cartas y envíos permanecen sin distribuir debido a la falta de personal y recursos, lo que está ocasionando un “grave perjuicio” para la ciudadanía. La moción también contempla trasladar formalmente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el malestar vecinal, reclamando una intervención inmediata.
El documento aprobado alerta de una “preocupante degradación” del servicio en los últimos meses, con quejas generalizadas por retrasos, pérdidas de correspondencia, acumulación de envíos y un funcionamiento irregular que repercute directamente en la vida diaria de los vecinos. El sindicato CC.OO. ha denunciado que en algunas zonas no se reparte desde hace más de 30 días, cuando el plazo legal máximo es de tres, y que las supresiones de personal adoptadas en el último año han reducido la plantilla por debajo del 60% de su capacidad.
En 2024 ya se aprobó una moción similar en defensa de los trabajadores, solicitando la restitución de cinco puestos de trabajo eliminados en el turno de mañana y el cumplimiento de los estándares de calidad fijados por la legislación postal europea, que establece la obligación de repartir correspondencia cinco días a la semana. Sin embargo, las demandas no han obtenido respuesta por parte del Gobierno central, lo que, según el equipo de gobierno, ha desembocado en el actual “callejón sin salida”.
La corporación municipal ha recordado que, pese a los avances tecnológicos, la correspondencia postal sigue siendo esencial para personas mayores, profesionales y pequeñas empresas, que dependen de su puntualidad para trámites administrativos, judiciales, sanitarios o financieros. En una localidad que supera los 45.000 habitantes y continúa en crecimiento, advierten, no resulta aceptable un servicio “deficiente y alejado de los estándares mínimos de calidad” que la población merece.